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ANÁLISIS i

Momento de definiciones dramáticas

Tras unos meses de aparente entendimiento, el choque de poderes en Perú volvió a activarse, hasta desembocar en la disolución del Congreso decretada por el presidente Martín Vizcarra

Kiosko de prensa en Lima, un día después del anuncio de la disolución del Congreso. En vídeo, declaraciones de la vicepresidenta peruana.

El vértigo de la vida política peruana alcanzó un nuevo pico ayer, cuando el presidente Martín Vizcarra decretó la disolución del Congreso. De este modo busca ponerle fin al período de crisis permanente que arrancó en 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski (PPK) venció por los pelos a Keiko Fujimori, quien había partido como favorita en aquellas elecciones y obtuvo el control del Congreso, con 73 de 130 escaños posibles. Alegando un supuesto fraude electoral, Fujimori emprendió una ofensiva parlamentaria contra el Gobierno, contribuyendo a precipitar la renuncia de Kuczynski. Como su vicepresidente, Vizcarra lo sucedió en la presidencia. Tras unos meses de aparente entendimiento el choque de poderes volvió a activarse, hasta desembocar en este desenlace.

La Constitución faculta al presidente al cierre parlamentario luego de negadas dos cuestiones de confianza (la primera ocurrió cuando PPK aún gobernaba). El Ejecutivo había echado mano de este mecanismo para frenar la precipitada renovación del Tribunal Constitucional, que la oposición pretendía controlar por diversos motivos, como declarar la inconstitucionalidad del acuerdo de colaboración entre la justicia y Odebrecht, vital para los avances del capítulo peruano del caso Lava Jato. Para esta semana está prevista una declaratoria de Jorge Barata (exsuperintendente local de la empresa) donde desclasificarían los seudónimos de casi 70 sobornados por Odebrecht, incluidos varios congresistas. La decisión de Vizcarra no está libre de polémica. El Parlamento no quiso alterar su agenda y primero eligió a un nuevo magistrado constitucional. Al haberse subvertido la materia por la que había presentado la confianza, el presidente asumió una negativa tácita. Algunos juristas alegan que ésta debe ser explícita.

El anuncio puso en marcha una sucesión de confusos acontecimientos. Mientras Vizcarra decretaba su disolución, el Congreso sometió a votación la confianza y la aprobó. Aferrándose a la interpretación legal que lo favorecía, más tarde decretó la vacancia de Vizcarra por incapacidad moral y procedió a la juramentación de la vicepresidenta Mercedes Aráoz. Dependiendo del cristal con que se mirara, Perú presentaba tres escenarios: era un país donde coexistían dos presidentes, Vizcarra era presidente y el Congreso estaba disuelto o Aráoz era presidenta y Vizcarra había dado un golpe saldado con su vacancia.

A medida que las horas pasaron, la realidad pareció despejar algunas dudas. Por un lado estuvieron las marchas ciudadanas que se reprodujeron en las principales ciudades para celebrar la disolución de un Congreso masivamente desaprobado. Además del apoyo de la calle, Vizcarra contó con el expreso reconocimiento de los Comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía como su jefe supremo. Aunque el Gobierno parece llevar ventaja, los parlamentarios de la oposición siguen tratando de recuperar terreno. Una de las disputas más importantes, qué duda cabe, se jugará en el frente internacional, que de momento mira absorto cuanto ocurre en Perú.

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