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El 64% de los españoles en Reino Unido se han registrado como residentes por el Brexit

El Gobierno acerca posturas con Londres pero exige más aclaraciones sobre los ciudadanos

Un policía habla con unos manifestantes contrarios al Brexit, este jueves en Thornton Manor (The Wirral, Inglaterra).
Un policía habla con unos manifestantes contrarios al Brexit, este jueves en Thornton Manor (The Wirral, Inglaterra). AP

La incertidumbre respecto al desenlace del Brexit ha impulsado con fuerza los registros de extranjeros —y en particular de españoles— afincados en Reino Unido. Un total de 115.700 ciudadanos españoles han presentado ya su solicitud para adquirir el llamado estatus de residente, que garantiza el grueso de los derechos que hoy disfrutan todos los residentes europeos en suelo británico por el paraguas común que otorga la Unión Europea. Esa cifra, divulgada por el Gobierno británico, cubre a casi dos de cada tres españoles (el 64%) de quienes en principio pueden optar a ese régimen: los 180.000 que residen oficialmente en Reino Unido, según los cálculos del Ministerio de Exteriores.

Ese alto porcentaje corresponde al mes de septiembre, el mes previo a la fecha oficial —aunque no necesariamente la definitiva— de la salida británica de la Unión Europea. La proporción es elevada, aunque deja fuera a una buena parte de los residentes españoles, que muy probablemente dejen los trámites para las fechas más cercanas al 31 de octubre. “Queremos que los españoles que viven en mi país se queden”, ha expresado el embajador británico en España, Hugh Elliott, en un comunicado. La embajada española en Londres está haciendo también una intensa labor para concienciar de la importancia del registro para poder permanecer en suelo británico tras el Brexit.

Reciprocidad

El énfasis en esas cifras se produce tras una serie de advertencias del Gobierno español respecto a las condiciones de ciudadanía que ofrecía Londres. España, el país que alberga al mayor número de británicos expatriados, ha elaborado un esquema muy garantista —y con rango de ley— para que los casi 370.000 británicos que residen en el país mantengan sus derechos prácticamente intactos. El Ministerio de Exteriores trasladó a Londres que no observaba las mismas garantías en el esquema británico. Y recordó que, para aplicar el plan proyectado en España, hacía falta reciprocidad británica.

Una reunión mantenida la semana pasada entre representantes de los ministerios de Exteriores español y británico sirvió para acercar posturas, aunque quedan dudas pendientes. Fuentes de la diplomacia española admiten que el esquema resulta en general satisfactorio, aunque no despeja todas las dudas. “El encuentro fue positivo, pero no concluyente; hemos pedido más aclaraciones sobre el sistema británico”, explican las fuentes consultadas. El modelo ideado por Reino Unido permite a los residentes europeos trabajar, estudiar y recibir asistencia sanitaria, entre otros derechos.

La mayor objeción española obedece al rango legal que tiene el mecanismo británico de residencia. Mientras que el Ejecutivo español ha elaborado un decreto ley para incluir todas las medidas de contingencia por si se produce un Brexit inamistoso, Reino Unido ha establecido este esquema general para todos los residentes europeos. “Nuestra oferta y la española no son simétricas porque son sistemas distintos, pero consideramos que es una oferta recíproca a la generosa oferta española”, defiende una portavoz de la embajada británica en Madrid. Los representantes de este país confían en haber convencido a las autoridades británicas. “Por lo que sabemos, el Gobierno español comparte esta visión”, añade la portavoz.

Pese a los preparativos ya hilvanados en este periodo previo al Brexit, hay elementos que solo podrán resolverse en la última fase, cuando la perspectiva de divorcio sin acuerdo se revele inevitable. Los arreglos para garantizar la prestación sanitaria en igualdad de condiciones a unos ciudadanos que previsiblemente dejarán de ser comunitarios constituye el principal reto. También los derechos de pensión generados por los mismos ciudadanos en los dos países añaden dificultad al proceso.

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